La realidad de los centros de datos en España

Hoy hablamos de Aragón, y empiezo aclarando que la pieza no va contra Aragón. Va contra el modelo. La comunidad ha sido convertida, en pocos años, en el principal destino europeo continental para los grandes centros de datos de los hyperscalers americanos. AWS, Microsoft, Meta, Blackstone. Inversiones anunciadas que suman cerca de 30.000 millones de euros. Eso suena estupendo en el comunicado de prensa. ¿Suena igual de bien cuando se desglosan los costes ocultos —agua, electricidad, suelo, fiscalidad— y se mira el empleo real que generan estas infraestructuras? Esa es la conversación pendiente. Mi opinión está sesgada por haber visitado uno de los proyectos y por haber leído los expedientes administrativos. Forma la tuya: las cifras que se dan en titulares y las que aparecen en la documentación administrativa no coinciden.

Llevo año y medio leyendo los anuncios oficiales, los planes urbanísticos, los acuerdos con las administraciones autonómicas y municipales aragonesas, y los pocos análisis críticos que están saliendo en prensa especializada española —Civio, El Salto, eldiario.es Aragón—. Lo que encuentro es un patrón que conviene nombrar.

Quién está construyendo qué, y dónde exactamente

Amazon Web Services fue el primero. Anunció en mayo de 2021 que su región europea de AWS denominada AWS Region (Europe – Spain) tendría su sede en Aragón, con una inversión inicial estimada en 2.500 millones de euros a lo largo de diez años. La región empezó a operar comercialmente en noviembre de 2022. En mayo de 2024, AWS amplió el compromiso anunciando una inversión adicional de 15.700 millones de euros para la siguiente década, sumando un total cercano a los 18.000 millones de euros. Las instalaciones se concentran en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca.

Microsoft anunció en febrero de 2024 una inversión de 2.100 millones de dólares en infraestructura de centros de datos en España, dividida entre la Comunidad de Madrid (Algete, Meco, San Sebastián de los Reyes) y Aragón. La inversión se enmarca en el despliegue de la región europea sur de Azure.

Meta anunció en febrero de 2024 un centro de datos en Talavera de la Reina (provincia de Toledo, no Aragón) con una inversión proyectada cercana a los 1.000 millones de euros. El proyecto ha sido objeto de protestas locales por el impacto sobre el suministro de agua, sobre el que la empresa ha publicado información limitada.

Blackstone, a través de su filial QTS, anunció en mayo de 2024 una inversión de 7.500 millones de dólares en centros de datos en Aragón, con sede principal en Calatorao (Zaragoza). La operación se enmarca en la apuesta de Blackstone por convertirse en uno de los grandes propietarios europeos de infraestructura digital.

Sumando los anuncios principales, la cifra agregada de inversión declarada en centros de datos en España supera los 30.000 millones de euros para los próximos diez años. La cifra incluye instalaciones operativas, en construcción y en fase de licencia urbanística. Como toda cifra agregada de anuncios, conviene tomarla con prudencia: los plazos son largos, los compromisos son revisables, y la diferencia entre lo anunciado y lo construido en infraestructuras de este tipo es históricamente de en torno al 60-70% en los plazos previstos.

El consumo eléctrico, en cifras manejables

Un centro de datos hyperscale moderno —de los que se construyen en Aragón— consume entre 100 y 1.000 megavatios (MW) de potencia eléctrica de manera continua. La cifra exacta depende del tamaño y del tipo de carga. Un centro de tamaño medio dimensionado para IA generativa con clusters de GPUs Nvidia H100 puede demandar fácilmente 300 a 500 MW sostenidos.

Para que esa cifra sea inteligible conviene compararla con referencias conocidas. El consumo eléctrico medio de la ciudad de Madrid completa en hora valle ronda los 2.500 MW; en hora punta, los 4.500 MW. Eso significa que cuatro o cinco centros de datos hyperscale del tamaño anunciado por AWS o Blackstone equivalen, en consumo eléctrico sostenido las 24 horas, al consumo eléctrico de toda la capital española.

Aragón está atrayendo varias unidades en paralelo. Si se cumplen los anuncios actuales, en torno a 2030 los centros de datos instalados en Aragón consumirán, sostenidamente, una potencia equivalente a la de una ciudad de varios millones de habitantes. Eso plantea preguntas operativas que no se están discutiendo con la profundidad que merecen. ¿De dónde sale esa electricidad? ¿Quién la paga? ¿Qué impacto tiene en la factura de los hogares y de las pymes españolas?

La respuesta corta a la primera pregunta es: del mismo mix eléctrico que sirve al resto de la economía española, con peso creciente de renovables —Aragón tiene una capacidad eólica notable— pero también de centrales convencionales en las horas en que las renovables no producen. La respuesta a la segunda: lo paga el sistema eléctrico español, vía peajes de acceso a la red y vía mercado mayorista. La respuesta a la tercera: el incremento de demanda industrial tiende a presionar al alza el precio mayorista en los momentos de mayor demanda, lo cual se refleja, vía cálculo de la tarifa regulada, en la factura final del consumidor doméstico.

Esto no es opinión polémica. Es cómo funciona el mercado eléctrico ibérico (MIBEL). La Agencia Internacional de la Energía (IEA) lo documentó con claridad en su informe Electricity 2024: en países que han atraído gran número de centros de datos —Irlanda, Países Bajos, Singapur—, el efecto sobre el precio eléctrico minorista ha sido alcista. España aún no ha llegado al punto donde el efecto sea masivo, pero la trayectoria es la misma.

El consumo de agua, las cifras incómodas

Aquí es donde la opacidad se vuelve más notoria. Los centros de datos modernos usan agua para refrigeración, especialmente los que operan grandes clusters de GPUs para IA. Las técnicas son variadas: torres de refrigeración evaporativa, intercambiadores de calor con agua, refrigeración líquida directa.

Las cifras concretas de consumo de agua que las propias empresas publican varían enormemente, y casi siempre se presentan con métricas opacas. Google, en sus informes de sostenibilidad, declara consumos para sus centros europeos del orden de millones de litros diarios por instalación. Meta ha sido objeto en los últimos años de controversias por el consumo de sus centros, especialmente en regiones con estrés hídrico estructural.

En el caso español, la información pública disponible sobre el consumo de agua proyectado de los centros aragoneses es deliberadamente vaga. Los planes urbanísticos contienen estimaciones agregadas; los contratos con los servicios municipales de abastecimiento son confidenciales por motivos comerciales; las administraciones autonómicas no han publicado análisis comparativos del impacto acumulado.

Para Talavera de la Reina, el caso de Meta, hay más información pública porque el debate ha sido más fuerte. La empresa ha indicado que el centro consumirá del orden de varios cientos de miles de metros cúbicos de agua al año. La cifra ha sido cuestionada por colectivos vecinales —especialmente Coordinadora Talavera con su Tierra— que sostienen que las estimaciones son optimistas y que la región sufre ya tensión hídrica estructural. La controversia llegó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 2024.

El punto operativo no es si una cifra concreta es exacta. Es que España está construyendo infraestructura intensiva en agua en un país que la Agencia Estatal de Meteorología ha caracterizado como en proceso de aridificación creciente en zonas del centro y del este peninsular. La compatibilidad entre esa infraestructura y la agricultura mediterránea de regadío, que es estructural para la economía rural española, no está siendo discutida con la profundidad que merece.

El balance fiscal y de empleo

Aquí entra el dato que más cuesta encajar con el relato oficial.

Un centro de datos hyperscale genera empleo directo de operación entre 50 y 300 personas, dependiendo del tamaño. La mayor parte de ese empleo se concentra en técnicos de mantenimiento, ingenieros de operaciones, personal de seguridad y administrativos. La inmensa mayoría del valor económico de la instalación —el procesamiento de datos por cuenta de clientes globales— no requiere intervención humana local.

Las cifras de empleo que aparecen en los comunicados de prensa de las empresas y de los gobiernos autonómicos suelen ser muy superiores a esa horquilla. La razón es que se incluyen el empleo durante la fase de construcción (que es temporal, suele durar dos o tres años por fase) y el empleo indirecto estimado en proveedores locales (que es ratio multiplicador de difícil verificación). Cuando se descuenta el empleo de construcción y el indirecto, el empleo directo y permanente queda en cifras mucho más modestas.

Para AWS Aragón, los datos disponibles —recopilados por Civio en sus análisis del expediente— apuntan a un empleo directo y permanente del orden de unos cientos de personas, frente a las cifras de varios miles que aparecieron en algunas notas de prensa. Para el centro de Meta en Talavera, las estimaciones de empleo permanente rondan las 100-150 personas según la documentación administrativa, frente a la cifra de varios miles que se utilizó en la presentación inicial.

A esto se suma el balance fiscal. Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses tienen estructuras fiscales optimizadas que canalizan los beneficios europeos hacia Irlanda, Luxemburgo o Países Bajos. La actividad económica generada en España se factura, en buena parte, en otras jurisdicciones. La recaudación fiscal directa para el Estado español por la operación de estos centros, una vez se descuentan los beneficios fiscales locales concedidos —exenciones tributarias municipales, ayudas autonómicas, bonificaciones de IBI, fondos europeos asignados—, queda en cifras modestas en términos relativos a la inversión declarada.

La asimetría que el relato esconde

Lo que se está construyendo en Aragón, en Talavera y en otras localizaciones españolas es infraestructura que sirve a usuarios y clientes globales, no españoles. Los datos que se procesan en los servidores de AWS Aragón no son mayoritariamente de españoles. La capacidad computacional vendida por Microsoft Azure España sirve a clientes corporativos europeos, americanos y asiáticos. El valor económico generado por la instalación se factura en buena parte en otras jurisdicciones, según las estructuras fiscales habituales de los hyperscalers.

España aporta a este modelo: suelo industrial barato, electricidad relativamente abundante a precio mayorista competitivo, agua, permisos administrativos rápidos, fondos europeos canalizados a infraestructura digital, mano de obra cualificada formada en universidades públicas pagadas con impuestos españoles.

Las empresas aportan: capital, tecnología propietaria, integración con sus servicios globales.

Lo que España recibe: empleo directo modesto, prestigio sectorial, fondos europeos (que no proceden de los hyperscalers sino del presupuesto comunitario), promesa de digitalización industrial que tarda en materializarse.

Lo que España paga: incremento progresivo del precio eléctrico mayorista, presión sobre recursos hídricos en zonas sensibles, uso de suelo industrial irreversible, beneficios fiscales locales que detraen recaudación.

La ecuación no es necesariamente mala. Una región con paro estructural elevado y tejido industrial decreciente puede legítimamente decidir que atraer estos centros vale la pena aunque el balance no sea perfecto. Lo que es honestidad debatir es si el balance que se está aceptando en España refleja una decisión informada o una venta de prestigio sin contraprestación adecuada. Hasta hoy, esa discusión apenas ha empezado en las cortes autonómicas, ni en el Congreso de los Diputados, ni en la prensa generalista.

La cuestión política

Esto es opinión personal pero descansa sobre la documentación administrativa pública. España está aceptando un modelo de relación con los hyperscalers tecnológicos que recuerda, en algunos rasgos importantes, al modelo de relación con las grandes petroleras del siglo XX o al modelo de manufactura maquila del México de los noventa. País anfitrión aporta recursos físicos y de bajo valor añadido; empresa multinacional aporta capital y captura la mayor parte del valor.

La diferencia respecto a esos antecedentes es que aquí el lobby internacional acelera la decisión política antes de que el debate ciudadano se materialice. Los anuncios de inversión se hacen con presencia de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencia autonómica, con cobertura mediática favorable, con cifras agregadas que confunden inversión total declarada con beneficio neto para el país. Cuando, años después, las cifras de empleo real, consumo eléctrico real y consumo de agua real se conocen, la decisión es prácticamente irreversible: la instalación está construida, los contratos firmados, las renuncias fiscales concedidas.

Lo que pediría yo —y nuevamente no por dramatismo, sino por higiene democrática— es que estas inversiones, dado su tamaño relativo al PIB regional, se sometan a un análisis coste-beneficio público hecho por un órgano independiente (la AIReF sería el actor lógico) antes de conceder las licencias y los beneficios fiscales. Hoy, esa evaluación o no existe o se hace internamente sin publicación. Esa opacidad no es propia de una democracia avanzada.

El dato concreto que cierra: según el informe Spain Data Center Market Report 2025 publicado por Spain DC, la asociación sectorial española, la capacidad instalada de centros de datos en España pasará de los 215 MW de finales de 2023 a una proyección superior a 1.700 MW para 2030, un crecimiento de ocho veces en siete años. Esa cifra —1.700 MW— equivale aproximadamente al consumo eléctrico medio sostenido de una ciudad como Sevilla. Que se construya esa capacidad puede ser estratégicamente acertado o no. Lo que no debería ser admisible es que se construya sin que la ciudadanía haya tenido la oportunidad de pronunciarse con información completa sobre lo que paga y lo que recibe.

Definiciones

Hyperscale data center: instalación con capacidad de cómputo equivalente a decenas de miles de servidores y consumo eléctrico sostenido superior a 50 MW. Es el formato de centro de datos que utilizan los grandes proveedores cloud para servir su negocio global.

Refrigeración evaporativa: técnica de refrigeración que utiliza la evaporación de agua para disipar el calor generado por los servidores. Es eficiente energéticamente pero consume agua de manera significativa.

Mix eléctrico: composición de fuentes —renovables, nucleares, gas, carbón— que produce la electricidad consumida en un país en un momento dado. El mix español tiene peso creciente de renovables, pero sigue dependiendo de gas en momentos de baja producción eólica y solar.

Optimización fiscal: estructura legal por la que una empresa multinacional traslada los beneficios obtenidos en una jurisdicción hacia otra con menor tributación. Es legal cuando cumple las normativas vigentes; problemática cuando reduce la recaudación de las jurisdicciones donde se genera realmente el valor económico.

Referencias

Spain DC, Spain Data Center Market Report 2025 (asociación española de data centers, 2025). Cifras sectoriales sobre capacidad instalada y proyecciones.

International Energy Agency, Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026 (IEA, enero de 2024). Capítulo sobre el impacto de los centros de datos en el consumo eléctrico global y europeo.

Red Eléctrica de España, Informe del Sistema Eléctrico Español 2024 (REE, 2025). Datos oficiales sobre demanda y mix eléctrico nacional, base para la comparación con consumo de centros de datos.

Civio, cobertura sobre AWS Region Aragón y centros de datos en España (civio.es, 2022-2025). Análisis crítico de la documentación administrativa pública.

eldiario.es Aragón, cobertura de los expedientes urbanísticos de centros de datos en Aragón (2023-2025). Reportería local de los procesos administrativos.

Kate Crawford, Atlas of AI (Yale University Press, 2021). Marco material sobre los costes físicos de la infraestructura de IA.

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Boletín de seguimiento del cambio climático en España (informes anuales). Documentación oficial sobre la tendencia de aridificación en zonas del país.

Para profundizar

Daron Acemoglu & Simon Johnson, Power and Progress (PublicAffairs, 2023). Marco económico sobre cómo las grandes tecnologías concentran beneficios y por qué la dirección no es neutral.

Vaclav Smil, How the World Really Works (Viking, 2022). Marco material sobre por qué la infraestructura física condiciona la economía digital aparentemente desmaterializada.

Cory Doctorow, The Internet Con (Verso, 2023). Análisis de cómo se construye el poder de las plataformas tecnológicas y sus consecuencias regulatorias.

Coordinadora Talavera con su Tierra y plataformas vecinales aragonesas. Documentación crítica desde la ciudadanía afectada directamente por los proyectos.

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